Una comunidad de acogida residencial que vive en familia

17/01/2023      CATEGORÍA: Noticias De Nuestras Provincias

Hace ya más de un siglo que la congregación de las Religiosas Adoratrices se estableció en Italia donde trabaja con víctimas de trata y mujeres sometidas a procedimientos penales. En el caso de estas últimas, su realidad es la de ser una comunidad de acogida residencial protegida. Lo hace de mano de la Asociación Micaela ONLUS, ocupándose así de mujeres de diversa nacionalidad sometidas a condenas limitativas de la propia libertad en este país, medidas que, por orden judicial, pueden ser cumplidas fuera de la cárcel. La labor diaria que desempeña permite a estas mujeres experimentar una situación alternativa al régimen carcelario, favoreciendo así un proceso hacia la autonomía personal y la reinserción social.

“Esta comunidad constituye un recurso de gran utilidad ya que la mayoría son mujeres extranjeras que no disponen de núcleos familiares en Italia, situación que reduce sus posibilidades para poder acceder a alternativas a la detección o de permisos “premio” durante la pena”, afirman desde Micaela ONLUS.

Más de veinte años en vigor

Se trata de un proyecto que se comenzó a gestar de una manera no formal antes del año 2000. Lo hizo como una actividad voluntaria de la comunidad religiosa en Roma, transcurriendo así 12 años hasta la formalización en 2012 de la comunidad “La Giara”, administrada por la Asociación Micaela ONLUS, con el objetivo de acoger a mujeres extranjeras con medias de restricción en su libertad.

“Las hermanas Adoratrices pudimos entrar en contacto con el ambiente carcelario de la ciudad de Roma en el año 1991 de mano de trabajadores de la prisión de Rebibbia. Este contacto se transformó en un gran “aprendizaje” que permitió preparar el camino para que una monja de la comunidad pudiese obtener en 1993 un permiso para trabajar como voluntaria dentro de la sección de mujeres de la prisión de Roma”, comentan.

Este conocimiento de las necesidades de las mujeres, el contacto frecuente con ellas, escuchando sus propuestas, permitió ir dibujando posibles caminos, alternativos al encarcelamiento: permisos de fin de semana; días de descanso con la obligación de dormir en presión; semilibertad o disponibilidad y, sobre todo, la posibilidad de ofrecer a las mujeres extranjeras, sin presencia familiar en el territorio nacional, el acceso a medidas alternativas como el arresto y la prisión domiciliaria de las que de otro modo habrían quedado excluidas por falta de residencia en el país.

Todo este proceso motivó a la comunidad de Roma a dotar a la Asociación Micaela ONLUS de los recursos necesarios para poder iniciar un proyecto organizado y personalizado, respetando la libertad y dignidad de la persona y dando vida a la comunidad “La Giara”.

Crecer como persona

La comunidad de acogida es una casa “familiar”, que surgió del deseo de ofrecer un lugar y un tiempo en el que cada persona pudiese crecer y desarrollar su potencial. En ella se convive en torno a unas normas prestablecidas que responden a una vida cotidiana marcada por compromisos, tareas del hogar, trabajo y tiempo libre. El objetivo final, tratar de construir juntos una cotidianidad vivible, redescubriéndola como fuente de sentido, acompañando en ese proceso hacia la autonomía personal y promoviendo la sanación interior, capaz de hacer la vida honesta y responsable, en el respeto de la ley.

 

Cerca de 40 mujeres acompañadas

En todo este tiempo, la comunidad de acogida residencial protegida ha ayudado a 37 mujeres de 12 países diferentes, que se han beneficiado del proyecto en términos de hospitalidad y educación en esta comunidad de acogida residencial. Con muchas otras se ha establecido contacto dentro de la prisión de mano de los operadores religiosos y laicos del proyecto a través de entrevistas que dieron lugar a un servicio de escucha, orientación a otros servicios y proximidad.

“Las mujeres acogidas, todas ellas extranjeras, comparten un mismo vínculo: la carencia de recursos emocionales y económicos en el territorio italiano. En su mayoría, son mujeres que han delinquido en este país pero que no tienen familia en Italia sino en su lugar de origen. Muchas de las mujeres extranjeras que han sido aceptadas en esta comunidad de acogida residencial protegida han regresado ya a sus países de origen al término de su condena y sólo un pequeño número ha desarrollado un proyecto de vida en la ciudad de Roma”, explica desde Micaela ONLUS.

El trabajo que se lleva a cabo en la comunidad para apoyar la reinserción en la sociedad pasa, además de por apoyar las habilidades básicas, por ayudar a identificar y/o mejorar la explotación del potencial de desarrollo personal y el logro de metas personales a través de la identificación de habilidades y competencias específicas que la persona ya posee.

 

Tráfico de drogas, el delito más frecuente

En este proceso de acompañamiento, se evidencia una mayor presencia de mujeres con delitos ligados al tráfico de drogas, sin embargo, la pandemia ha hecho que su número haya descendido significativamente durante y después de la crisis sanitaria ante la imposibilidad de viajar, reduciendo, por tanto, también el número de detenciones.

La pandemia ha abierto además la posibilidad de utilizar nuevas herramientas de ayuda, como las videollamadas, como medio de encuentro y contacto con personas detenidas, facilitando al equipo educativo la realización de entrevistas con mujeres presas en cárceles de otras ciudades de Italia, ampliando así el posible campo de acción educativa del proyecto.

 Principales retos

“Muchas de las mujeres con las que hemos entrado en contacto en los últimos años en las cárceles necesitan un camino terapéutico para problemas relacionados con la salud mental o la adicción a sustancias. Muchas otras necesitan ser acogidas con sus hijos y acompañadas en su papel de madre”, añaden desde Micaela ONLUS.

De ahí que entre los principales retos a abordar se encuentre un mayor diálogo entre las diversas realidades sociales e institucionales penitenciarias y el fortalecimiento de la presencia de educadores dentro de las cárceles, lo que contribuiría a facilitar la circulación de información, el conocimiento de las necesidades de la población penitenciaria y la consecuente respuesta en materia de servicios.

 

 

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